DIPUTADO JORGE 'PAMPA' ALVARO - CON GREMIOS AERONAÚTICOS EN MENDOZA

Mendoza, 18 de Agosto de 2008
El diputado Jorge 'Pampa' Alvaro se reunió con delegados de los gremios aeronáticos A.P.T.A. y A.P.A. y de empleados de Aerolíneas Argentinas y Austral de Sucursal Mendoza en el aeropuerto Francisco Gabrielli.
El Diputado Alvaro Secretario de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados conversó con los trabajadores de Aerolíneas Argentinas y Austral con relación a la renacionalización de dichas líneas aéreas.
Los trabajadores aeronáuticos expresaron su decidido apoyo al proyecto del Poder Ejecutivo Nacional y su preocupación por las posturas de la oposición.
En su concepto -profundos conocedores de la actividad, algunos con 25 años en la empresa- no sólo no existe posibilidad técnicamente viable de armar una nueva empresa, sino que el mayor perjudicado -en caso de quiebra- sería el propio Estado Argentino quién es el principal acreedor del Grupo Marsans.
Pero más allá de las cuestiones técnicas coyunturales los trabajadores plantean la necesaria propiedad del Estado de la línea de bandera como cuestión estratégica de desarrollo e integración nacional.
Sólo objetaron el art. 6° del proyecto que plantea la posibilidad futura de reprivatización. Jorge Alvaro les comunicó que su bloque también está planteando la nacionalización definitiva y que si en el futuro hubiere otras alternativas, sea el Congreso de la Nación quién decida al respecto.

PACIFICAR NO ES LO MISMO QUE CLAUDICAR

Conflicto y desafíos

Por Mario de Casas, presidente del Ente Nacional Regulador Eléctrico.
Buenos Aires, agosto de 2008.

Pacificar es muy distinto que claudicar ante la seducción o la violencia de los poderosos: esto nunca conduce a la paz social. Tal vez por eso el conflicto que se activó cuando el Gobierno nacional puso en vigencia las denominadas retenciones móviles y entidades vinculadas al agro respondieron con una agresión a toda la sociedad está lejos de haber concluido; ni el conflicto ni los desafíos que plantea, que vienen desde el fondo de nuestra historia.

A diferencia de la colonización norteamericana de los siglos XVII y XVIII, de carácter rural-doméstico, la colonización argentina del siglo XIX se orientó desde su origen hacia el mercado externo: terratenientes, burguesía intermediaria e inmigrantes, no obstante sus muy distintas situaciones, tenían como objetivo común la exportación de los productos primarios para importar las mercancías que no se manufacturaban en estas tierras. Esa orientación dominante hacia el mercado externo le impuso a la economía agropecuaria una fuerte dependencia de los oligopolios comerciales, industriales y financieros transnacionales. El sistema productivo generado por la colonización descansaba en el "libre" juego de las leyes del mercado y confiaba sin límites en el mercado externo.

Las grandes demandas de alimentos y materias primas que mantuvieron elevados los precios internacionales de las exportaciones argentinas fueron considerados factores permanentes de riqueza, no el fenómeno coyuntural de una etapa de ascenso de las potencias del capitalismo industrial. Salvo honrosas pero marginales excepciones, la confianza en la continuidad ilimitada de la opulencia que surgía del comercio con Gran Bretaña se había arraigado a tal punto en políticos e intelectuales de la época, que a fines de la tercera década del siglo XX, cuando se invirtió la relación de los términos del intercambio ocasionando la caída relativa de los precios de nuestras exportaciones primarias, el país carecía de hombres ideológicamente y económicamente formados, y políticamente comprometidos, para entender y afrontar la nueva situación.

A excepción de los pocos pioneros de la industria nacional, nadie se ocupaba del desarrollo del mercado interno diversificando la producción y sustituyendo importaciones. Sacrificar en lo más mínimo el comercio exterior era atentar contra los sagrados intereses agropecuarios, a los que se identificaba con los intereses de todo el país. Intereses que tampoco entonces constituían un bloque homogéneo: una parte de los inmigrantes había logrado incorporarse a la clase de los grandes y medianos terratenientes, o enriquecerse en el comercio o como prestamistas, mientras las ambiciones de la mayoría se veían frustradas por el monopolio de la tierra y el saqueo del capital comercial y las empresas extranjeras.

Hoy han cambiado algunos actores (por ejemplo, en lugar de Gran Bretaña pensemos en China e India) y ya no cuenta el inmigrante como actor colectivo, pero el problema central es análogo: no entendieron la contradicción principal generada por el proceso de colonización los que oponían el conjunto de los inmigrantes a los terratenientes y a la burguesía intermediaria, como no la entienden hoy quienes suponen que se da entre el conjunto de los "pequeños y medianos productores" versus terratenientes, pooles de siembra y burguesía intermediaria, y luego se sorprenden por las coincidencias entre la Federación Agraria y las otras patronales agropecuarias. La contradicción principal no fue ni es entre grandes y pequeños capitalistas agropecuarios: la oposición de estos últimos siempre fue débil y provisoria, como lo ha reflejado históricamente el comportamiento zigzagueante de las organizaciones que fundaron.

La contradicción principal fue y sigue siendo entre un país para los pocos que viven bien del mercado externo, un país que no se desarrolla ni ofrece condiciones de vida dignas para la mayoría, versus un país que aproveche sus importantísimos y variados recursos para generar industrias, producir ciencia y tecnología (aplicar nuevas tecnologías no es lo mismo que crearlas: plantar soja no garantiza que participemos de la futura fiesta de los agronegocios) y crecer con justicia social, integrándose política, económica y culturalmente a la región e intercambiando con el resto del mundo en condiciones de simetría: éste es el país en el que podremos vivir bien los cuarenta millones que somos y unos cuantos más.

Siendo esto así, hay que seguir trabajando y para eso no está de más señalar que casi todos coincidimos en que el diálogo es el modo de comunicación que distingue a las sociedades democráticas. Las diferencias aparecen cuando algunos suponen que el diálogo debe necesariamente conducir al "consenso"; el diálogo puede conducir al disenso sin que esto implique un deterioro de la tan mentada "calidad institucional". Todo lo contrario, el disenso dialogado es un signo vital de la democracia, que presupone el disenso y requiere el consenso sobre un solo punto: las reglas de la competencia por el poder; y que se basa en la presencia de un consenso que no excluya el disenso y en un disenso que no trivialice el consenso. Esto es fundamental, porque así como hay quienes, con tal de alcanzar el "consenso" (que confunden con unanimidad) son capaces de vaciar de contenido cualquier decisión política, están los que entienden que el "consenso" consiste en imponer –si es necesario a sangre y fuego- sus intereses y/o pareceres, "confundiéndolos" con los de "la patria". Ambos subestiman la democrática regla de la mayoría.

Asimismo, la calidad institucional está lejos de ser una mera cuestión de formas. Calidad institucional implica que las instituciones cumplan con la finalidad para la que fueron diseñadas; pero el logro de esas finalidades está permanentemente expuesto al riesgo de captura, sea por parte de burocracias, del poder económico o de corporaciones. En cualquiera de estas situaciones el funcionamiento institucional queda unívocamente determinado, lo que equivale a decir que es autoritario. Este grave problema, cuya consecuencia visible es la pérdida creciente de confianza en las instituciones y en la democracia misma, encuentra un antídoto en el control social que a su vez se resiente cuando se niegan medios y oportunidades para la movilización y participación popular.

En otras palabras, el consensualismo vacío –siempre funcional a los poderosos- o la imposición de ciertas coerciones –físicas, económicas o de otra índole- deterioran la calidad institucional; y hay necesidades y carencias que importan no sólo como sufrimientos de individuos aislados, sino como problemas sociales que debemos enfrentar a partir del reconocimiento de responsabilidades colectivas y públicas. No hay calidad institucional sin calidad de la democracia.

Es oportuno poner en evidencia otra de las falaces letanías de la derecha, que reitera diariamente su "preocupación" por la "concentración de poder político". Si algo se ha podido comprobar con el conflicto entre los intereses sociales y los de algunos sectores del agro, es que nuestro país no es una excepción en cuanto al escaso poder relativo que –ante fuertes poderes corporativos- tienen los Estados y los gobiernos democráticamente electos en los países de nuestra América latina para avanzar en la democratización de sus respectivas sociedades. Por lo tanto, la construcción de poder político es una condición necesaria, no un peligro, y será tanto más legítima en la medida que se haga respetando las formas pero también la razón de ser de la democracia, que es mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos.

En estos desafíos está nuestro compromiso.

LA CONCERTACIÓN YA ES SIN COBOS



13/08/2008

Los diputados cercanos a cobos dejaron el bloque del radicalismo K.

La Concertación se dobló y se rompió.

Daniel Katz se fue del espacio que conducía y se llevó a otros tres cobistas con él. Quedaron seis que apoyan al Gobierno. El vicepresidente avanza en la construcción de un espacio propio, que acerca posiciones con la UCR oficial.

La Concertación Plural está oficialmente partida. El cobismo abandonó ayer el bloque de diputados nacionales de los radicales K y tendrá su propia bancada. El vicepresidente avanza junto a sus seguidores en el armado de un espacio cada vez más cercano a la UCR oficial.

La lucha por la resolución 125 que instauró las retenciones móviles y que fue rechazada por el Congreso sigue dejando heridos. Esta vez les tocó el turno a los diputados que votaron en contra del proyecto oficial. Daniel Katz, hasta ayer presidente de la bancada de la Concertación Plural, Laura Montero, Jorge Albarracín y Juan Carlos Scalesi dieron el portazo y ya no serán más concertadores. Los rebeldes habían quedado en desventaja numérica frente a los radicales K, que siguen comulgando con las políticas de la Casa Rosada. En la modesta oficina que la Concertación tiene en el primer piso del edificio anexo de Diputados, el neuquino Hugo Prieto le planteó a Katz que la presidencia del bloque debía pasar a manos de alguien que representara a la mayoría del espacio: de los diez integrantes, seis habían apoyado el proyecto oficial. El ex intendente de Mar del Plata tenía dos opciones: ceder la jefatura y permanecer en el bloque o romper con el kirchnerismo. Optó por el segundo camino y Prieto asumió la presidencia de la bancada que ahora integra junto a Silvia Vázquez, Norberto Erro, Gustavo Serebrinsky, Hugo Cuevas y Héctor Álvaro.

“De esta forma renovamos el compromiso con el éxito de la gestión del Gobierno, en el marco programático oportunamente respaldado en las urnas y en el del fortalecimiento de la Concertación Plural”, afirmó Prieto. “¿Qué queda de su espacio en el Gobierno? ¿Sólo un vice que ni siquiera comulga con su compañera de fórmula?”, preguntó este diario al flamante jefe de la bancada. “La Concertación ya es sin Cobos. Y las fórmulas presidenciales siempre expresan heterogeneidades. Habrá qué ver cómo evolucionan las diferencias de esta fórmula”, dijo Prieto.

Después de la ruptura y de participar de una ceremonia para homenajear a la Pachamama, Cobos reunió a los bonaerenses de su tropa en el Senado para avanzar en la consolidación de su espacio. Participaron Katz, legisladores provinciales y seis intendentes bonaerenses, entre ellos los de Junín, Mario Meoni, de San Pedro, Mario Barbera y de Ramallo, Airel Santana. En el encuentro avanzaron con la agenda que quieren que sea debatida por el Ejecutivo: inflación, fondo educativo y coparticipación.

Contactos con la vieja UCeDéDespués de haberse reunido con el líder ruralista Alfredo De Angeli, haber sido tratado como una estrella de rock en la Rural y recibir la ovación del público durante una función de los Midachi, Julio Cobos le abrió la puerta de su despacho del Senado al titular de la UCeDé, Jorge Pereyra de Olazábal, con quien coincidieron en la necesidad de armar una “fuerza alternativa”. El dirigente liberal había llegado allí para reconocerle al vice su voto en el Senado. Pero ambos terminaron hablando de alcanzar una coalición mediante la cual se puedan lograr “acuerdos mancomunados para encarrilar el rumbo de la Nación”. En su balance sobre la reunión, Pereyra de Olazábal no escatimó elogios para el político que se volvió estrella. “Me encontré con un hombre muy gentil y espontáneo. Uno no está acostumbrado a una persona con mucha amplitud para expresarse y escuchar”, sentenció ante el requerimiento de Crítica de la Argentina.

¿RENACIOLIZACIÓN TOTAL DE PETROBRAS?

Alfredo Jalife-Rahme

■ ¿Renacionalización total de Petrobras?

La insolvencia del sector privado neoliberal en los países del G-7 y la OTAN (ya no se diga en sus excrecencias periféricas como España) ha desembocado en colosales nacionalizaciones bancarias en Gran Bretaña, Alemania y ahora Estados Unidos con la quiebra de Fannie y Freddie, al unísono del retorno del nacionalismo político.

Son tiempos de la desglobalización, que subsume nacionalizaciones y el retorno del nacionalismo pero, sobre todo, de la desprivatización, la renacionalización y la restatización de los hidrocarburos que reflejan el incipiente orden multipolar y su nuevo orden geoenergético mundial, donde las empresas de los estados nacionales concentran ya 95 por ciento de las reservas de hidrocarburos, frente a un exiguo 5 por ciento de las trasnacionales privadas, primordialmente anglosajonas, en vías de desmoronamiento.

Por tal motivo, no hay que asombrarse del giro realista del gobierno de Lula y del liderazgo empresarial nacionalista de Brasil, quienes reclaman a coro la renacionalización total de Petrobras, a raíz de los pletóricos descubrimientos en el océano Atlántico, que no desean compartir ni regalar a sus socios foráneos actuales, como se desprende de las declaraciones de José Sérgio Gabrielli de Azevedo, director de Petrobras; Edison Lobão, ministro de Minas y Energía, y Ricardo Amaral, un prominente empresario.

José Sérgio Gabrielli de Azevedo instó al aumento de impuestos y otro marco legal a las trasnacionales privadas de hidrocarburos que operan en Brasil: “la legislación actual fue resultado de una regulación hecha para atraer a compañías que fueran capaces de asumir los riesgos exploratorios. Petrobras asumió esos riesgos. Pero hay regiones en las que el riesgo exploratorio es mínimo” (El País, 6/7/08).

Brasil no desea compartir, y menos regalar, la inmensa riqueza de sus recientes descubrimientos, que pueden convertir a Petrobras en la quinta empresa energética mundial. ¡Al revés de Calderón y sus aliados priístas!

Petrobras es una empresa controlada por el Estado brasileño (55 por ciento de sus acciones con derecho a voto), mientras el restante pertenece al sector privado (en su mayoría foráneo), que ha descolgado suculentas ganancias, como la pirata española Repsol, que carece de tecnología de punta y cuyo país de origen no posee hidrocarburos.

Gracias a su tecnología en aguas ultraprofundas, Petrobras es quien ha descubierto los nuevos yacimientos, que pueden alcanzar la mirífica cifra de 33 mil millones de barriles de petróleo que, a un precio de 100 dólares el barril, equivaldrían a más de 3 billones de dólares, que no desean compartir con las parasitarias trasnacionales privadas.

Gabrielli de Azevedo sostiene que el aumento de impuestos va dirigido a las “concesiones en nuevas áreas”, lo cual confiere al gobierno una “capacidad de intervención” en sus prioridades y en la “velocidad de las inversiones”. Petrobras no desea depender de la voluntad unilateral y discrecional de las trasnacionales privadas, cuando su objetivo es duplicar su producción presente, de 2.3 millones de barriles al día. Lo que sucede es que las trasnacionales privadas ganan en sus activos bursátiles con la simple posesión de reservas sin necesidad de explotar (a expensas de los planes del país anfitrión).

Nadie lo dice, pero la privatización parcial de Petrobras del entreguista ex presidente Fernando Henrique Cardoso, quien resultó un fundamentalista neoliberal y un vulgar peón de las trasnacionales, se escenificó durante el auge de la globalización financiera mediante el chantaje de la banca israelí-anglosajona, asociada a las grandes trasnacionales petroleras de Estados Unidos y Gran Bretaña, que presionó en los “mercados” la cotización de la deuda soberana brasileña. Esta historia macabra, en la que participó el megaespeculador George Soros, mediante su control del banco central de Brasil, aún no se escribe en plenitud.

Pero no es lo mismo 1997, fecha de la forzada privatización parcial de Petrobras, que 11 años después, cuando el modelo neoliberal global se ha desfondado.

Mas acorde con los tiempos “modernos”, que significan etimológicamente las “tendencias presentes”, Edison Lobão, ministro de Minas y Energía, consideró que “lo ideal es que Petrobras administre todas (sic) sus reservas” en las aguas ultraprofundas: “en la actualidad 60 por ciento de las acciones se negocian en una bolsa de valores, y 80 por ciento de ese total está en manos de los estadunidenses. No podemos entregar toda esta riqueza a un puñado de inversionistas” (O Estado de São Paulo, 15/7/08).

Después de proponer cambios al marco jurídico y hasta la creación de una nueva empresa estatal para administrar los resultados de las licitaciones, Edison Lobão afirmó que los últimos bloques licitados por la Agencia Nacional del Petróleo, Gas y Biocombustibles (ANP) “serán retomados (¡súper-sic!) por el Estado a causa del retraso en el cronograma de explotación”, ya que las trasnacionales privadas foráneas ExxonMobil y Shell “no han sido capaces de explotar los bloques en el periodo especificado en el contrato de concesión”, debido a la falta de equipo en el mercado mundial por escasez de plataformas, perforadoras y navíos-sondas.

ANP admite que Brasil no debe precipitarse a la subasta de bloques en las aguas ultraprofundas.
Al contrario del entreguista neoliberal Cardoso, el gobierno de Lula ajusta la nueva correlación de fuerzas del flamante orden geoenergético mundial, dominado por los estados nacionales, para beneficiar a Brasil, que parece haber iniciado la desprivatización y renacionalización de Petrobras, a grado tal que se plantea crear una empresa adicional de hidrocarburos propiedad 100 por ciento del Estado.

El prominente empresario y financiero Ricardo Amaral, con un doctorado en economía, sacudió a Brasil con su proclama persuasiva, en un extenso estudio proyectivo, para renacionalizar Petrobras: “es imperativo que el gobierno brasileño siga la principal tendencia global y comience a renacionalizar lo más pronto posible a Petrobras” (RGE Monitor.com, 10/7/08).

La razón principal que aduce se basa en el prodigioso flujo de caja con el que contarán en los próximos 20 años los países petroleros del Golfo Pérsico, que descolgarían, a un precio módico de 80 dólares el barril, un mínimo de 40 billones de dólares, ¡73.3 por ciento del presente PIB mundial!

Parte de tal fortuna de los hidrocarburos, Calderón y sus aliados priístas pretenden regalarla a las parasitarias trasnacionales gallegas y texanas, cuyos países de origen se encuentran totalmente desfondados financiera y económicamente.

ESCENARIO DE LA SITUACIÓN POLÍTICO ECONÓMICA

17/08/2008



Preguntas

¿El peso se apreciará o se devaluará, cuál es la inflación real, cuánto les hicieron perder Buzzi y De Angeli a los pequeños productores, cuánto ahorró el país en pagos al exterior por la manipulación del Indec, cuándo advertirá el Gobierno que la relación costo-beneficio ya es negativa, conseguirá Massa el relevo de Carlos Fernández, podrá frenar De Vido la bicicleta financiera que impulsa Redrado, cómo murió la adolescente violada por el senador Rached?

Por Horacio Verbitsky

Como en los últimos meses de Carlos Menem y Fernando de la Rúa vuelven a alinearse sectores opuestos que presionan al gobierno por una modificación del tipo de cambio. Esta vez no se trata de dolarizadores vs. devaluacionistas, pero el sentido del conflicto es el mismo: distintas fracciones del capital pugnan por mejorar sus ingresos, apreciando o devaluando el peso, en ambos casos sin preocuparse por sus efectos sobre el empleo y el salario.

¿Abajo o arriba?

El ex presidente del Banco Central Alfonso de Prat Gay sostuvo en declaraciones públicas la necesidad de robustecer el peso, de modo de que con 2,80 unidades sea posible comprar un dólar. Es obvio que esto pondría en emergencia a la industria, ya bastante alarmada por el retraso del tipo de cambio con que el Banco Central frenó una incipiente corrida contra el peso durante el conflicto por las retenciones móviles a las exportaciones de oleaginosas. Así se detendrían el crecimiento de la producción y la creación de empleos. En cambio convendría a todo tipo de acreedor externo, así como a las empresas privatizadas de servicios públicos que por los mismos pesos obtendrían más dólares. En el mismo sentido se pronunciaron ante las autoridades económicas, en privado, los integrantes de una misión de hombres de negocios organizada por el banco norteamericano JP Morgan, quien envió para acompañar a los inversores internacionales a un banquero argentino de Nueva York.

En el otro bando, el coloso industrial italiano Techint ha iniciado una de sus sólitas escaladas de presión tendientes a conseguir el efecto contrario. Como uno de los mayores exportadores desde sus plantas en la Argentina, el emporio milanés incrementa sus beneficios cuanto menos vale la moneda nacional en relación con el dólar. Esta decisión explica la estrepitosa irrupción del vicepresidente de la Unión Industrial, José Ignacio de Mendiguren, quien sostuvo que la inflación superaba el 25 por ciento, un dato tan difícil de sostener como el 8 por ciento de la estadística oficial.

La sombra de Mussolini

Sus compañeros de la UIA le dicen Mendicurren. Como lo demuestran sus antecedentes cuando fue uno de los ministros de la devaluación, nunca ha tenido verdadero cuidado por la inflación. Cuando vendió su empresa textil, colocó parte del dinero en el exterior y con el resto compró tierras en Tornquist, de modo de beneficiarse por partida doble con el estallido de la moneda nacional. El presidente de la UIA, Juan Carlos Lascurain le respondió que lo que buscaba era una candidatura política dentro del armado del ex senador Eduardo Duhalde, a quien convenció de la pesificación asimétrica en 2002. De Mendiguren lo negó. En cualquier caso es ostensible que durante los cuatro meses activos del conflicto con las cámaras patronales agropecuarias, hizo todo lo posible para que la UIA no se alineara con el gobierno.

A esa gestión, sostenida sobre la plataforma de acero de Techint, se debió que la UIA rehusara participar en el lanzamiento de la Agenda del Bicentenario si no eran de la partida los patrones de estancias y chacras. Por eso causó malestar entre los industriales que en pleno conflicto rural la presidente CFK se mostrara en la institución educativa montada por Techint en su sede de Campana, el 23 de junio, junto al heredero, Paolo Rocca. Duhalde cuenta con Mendiguren, algunos miembros de la Mesa de Enlace como Eduardo Buzzi, y con la siderúrgica italiana para impulsar su denominado Movimiento Productivo, del que está abriendo sedes en distintos puntos del país. En una de sus cada vez más frecuentes apariciones públicas, Duhalde comparó al ex presidente Néstor Kirchner con Hitler y Mussolini, como ya había hecho la creadora de la Coalición Cívica Libertadora, Elisa Carrió.

Este desborde de odio no deja dudas sobre la índole de la ofensiva en marcha, por más que Duhalde haya dicho después que no debió decir lo que dijo, no porque lo crea falso sino “porque no ayuda”. Es irónico que entre sus principales sostenedores esté el establecimiento industrial radicado aquí en la posguerra mundial por Agostino Rocca, el director de la siderurgia estatal italiana durante los años del verdadero Mussolini, quien utilizó para radicarla en la Argentina luego de la derrota del Eje capitales alemanes e italianos en fuga, con el beneplácito del Vaticano.

El candidato de Duhalde a la presidencia es Felipe Solá quien, como ante todo, desconfía, y a la conducción económica Roberto Lavagna, quien esta semana sufrió un contratiempo serio con la decisión del juez federal Sergio Torres (designado durante el gobierno de la Alianza) de procesar a su persona de mayor confianza en el ministerio, el subsecretario legal Osvaldo Siseles y a otros tres abogados de su equipo porque “obligaron abusivamente al Estado Nacional, comprometiendo los intereses patrimoniales que le fueran confiados”. Se trata del Grupo Greco, al que intentaron pagarle 600 millones de pesos que no correspondían, según detectó la sucesora de Lavagna, Felisa Miceli, cuya abogada Alejandra Taddei, sucesora de Siseles en jurídicos, los denunció. Para el juez eran los Greco los acreedores del Estado.

El eslabón más débil

Mendiguren golpeó sobre el eslabón más débil de la cadena. El Indec es el blanco favorito de todos los ataques al gobierno, que no sabe, no puede o no quiere dar una explicación que haga comprensible para el pueblo los datos absurdos que reitera el instituto colonizado. Los funcionarios comprometidos con esa gestión dejan trascender en forma anónima, como versiones u off the record, parrafadas ideológicas de este tenor: “Otra vez los economistas ortodoxos erraron el diagnóstico. Por suerte, ahora no conducen el destino del país, porque sino todos sabemos cómo terminamos cuando, a partir de un análisis equivocado se aplican recetas más erradas aun”. Pero también filtran velados reconocimientos de la manipulación: “Como todo índice, que se aproxima a la descripción de una determinada realidad, está sujeto a diversas opiniones, en función de los intereses que exprese el que lo emite. Nótese que por la normativa vigente, el IPC que publica el Indec, debe ser utilizado por el Banco Central para calcular el coeficiente de Estabilización de Referencia, CER, que a su vez indexa aproximadamente 150.000 millones de pesos en bonos soberanos”.

Un cálculo privado de especialistas que no trabajan para los tenedores de bonos y que se identifican como nac&pop indica que entre enero de 2007 y junio de 2008 el Tesoro ahorró unos 400 millones de dólares en intereses de la deuda ajustable por CER, de los cuales perdió la mitad como sobrecosto de colocación de deuda debido al aumento del riesgo-país durante el primer semestre de 2008. Las necesidades de financiamiento externo para 2009 superan los 10.000 millones de dólares, que con el riesgo país en el nivel actual originarían un costo financiero de hasta 2000 millones. Lo más importante es que por cada punto de inflación subestimado se evitó además un crecimiento del capital adeudado de unos 1000 millones, lo cual en un año y medio se aproxima a 10.800 millones de dólares.

Dado el carácter acumulativo de la deuda, esta reducción del stock generará ahorros permanentes hasta completar los vencimientos de la deuda indexada. Esto explica, aunque no justifica, la prolongación del vandalismo sobre el Indec, aunque no puede ocultar que se ha llegado a un punto crítico. Por un lado vuelve a crear una situación de vulnerabilidad respecto del Fondo Monetario Internacional. Bastaría que su director, el ex ministro socialista francés Dominique Straus-Kahn, declarara increíbles los datos del INDEC, para que comenzaran los juicios en los tribunales de Nueva York, como autoriza la emisión de esos bonos, en demanda de la diferencia. Strauss-Kahn no lo hará mientras pueda evitarlo, pero los plazos se estrechan también para él. Además, los informes del INDEC devalúan la palabra oficial en cualquier terreno, lo cual dificulta cualquier acción que se emprenda en todos los campos. La situación es indefendible y el costo político inconmensurable.

En bicicleta

El jefe de gabinete, Sergio Massa no ha tenido hasta ahora la fuerza necesaria para conseguir el alejamiento del ministro de Economía Carlos Fernández, en cuyo sitial desearía ver al presidente del Banco Central, Martín Redrado. Durante una reunión realizada en Olivos para analizar el impacto de la colocación de bonos que los bancos venezolanos revendieron de inmediato, Massa pretendía que Fernández diera una conferencia de prensa acompañado por otros funcionarios para anunciar la recompra de bonos argentinos. La discusión concluyó cuando el ministro dijo que no tenía utilidad porque arreciarían las preguntas sobre el INDEC. Esa posición fue la aceptada.

Desde hace varios años, ante cada vencimiento internacional importante, la Argentina vende un paquete significativo de bonos al gobierno de Venezuela, con el objetivo de que no se observe una caída en el nivel de reservas, que el gobierno considera con razón un poderoso instrumento defensivo. Pero esta vez el remedio fue peor que la enfermedad. Dado el riesgo país de la Argentina Venezuela aplicó una tasa de interés muy elevada, que no robusteció la imagen de solidez de las cuentas nacionales. Pero además, debido a la caída del precio del petróleo, que retrocedió desde casi 150 a poco más de 110 dólares el barril, los vendió de inmediato a los bancos venezolanos para hacerse de efectivo.

La bicicleta financiera que el teniente coronel Hugo Chávez permite a los banqueros de Caracas, completó el círculo vicioso: compraron esos papeles con dólares adquiridos en el mercado oficial a 2,15 bolívares y los volcaron sin demora al mercado paralelo a 3,38, lo cual les permitió hacer una diferencia superior al 50 por ciento en un día, a costa del desplome de todos los bonos argentinos. Por maniobras similares con los diferenciales de cambio hay causas penales abiertas en Caracas contra operadores venezolanos. Es dudoso que al próximo vencimiento se repita el mecanismo, que el gobierno de CFK reconoce como autodestructivo. A su vez, Fernández y el secretario de Agricultura, Carlos Cheppi, han aprendido que los reclamos silenciosos en palacio no son más efectivos que las abominaciones públicas para conseguir cambios en la Secretaría de Comercio Interior y en el Instituto de Estadística y Censos.

Redrado, por su parte, consiguió que se levantaran las restricciones que dificultaban el ingreso de capitales golondrina. El pretexto fue un pedido del club de bancos propietario de VISA, de facilidades para ingresar al país 100 millones de dólares. Desde la gestión ministerial de Roberto Lavagna los capitales que ingresen del exterior deben inmovilizar durante un año un encaje del 30 por ciento. Esto obró como un fuerte disuasivo para las maniobras especulativas desestabilizadoras, que tanta incidencia tuvieron en las principales crisis financieras de la década pasada en todo el mundo. La suspensión de esa exigencia rige sólo por 30 días (Redrado quería 60) pero no puede descartarse su prorroga al vencimiento. Esto preocupa al ministro de Planificación, Inversión Federal y Servicios Públicos Julio De Vido, quien teme el efecto de un súbito retiro de fondos, ahora que los mercados financieros han pasado a la ofensiva, con las decisiones denigratorias de las dos calificadoras de riesgo estadounidenses, reflejo de la hostilidad que provoca la heterodoxia argentina.

La presidente les recordó que veían aquí el riesgo que no supieron predecir en las hipotecas estadounidenses y sus derivados subprime, por lo cual están sometidas a investigación en Nueva York. Pese al mal augurio de Moody’s y Standard & Poor’s los fundamentos de la economía argentina tienen hoy la solidez que les faltaba en 2001: superávit en vez de déficit tanto fiscal como externo, cerca de la mitad de la deuda denominada en pesos y no en dólares y euros, un Banco Central con más de 47.000 millones de dólares en reservas que actúa como prestamista de última instancia, altos niveles de ahorro interno y de inversión, vencimientos de deuda pública cubiertos para el año en curso y manejables para el próximo con las fuentes financieras externas e internas disponibles.

El presidente del Banco Central también ha conseguido frenar un proyecto de Comunicación A, que podría contener la fuga de capitales reaparecida mediante maniobras fraudulentas que implican el uso de prestanombres. La Circular está en poder del directorio desde mayo, pero Redrado se opone a su aprobación. La vigencia simultánea del ingreso irrestricto y del egreso sin control redondea las condiciones para una perfecta bicicleta financiera. Desde diciembre pasado, la salida de capitales (inversiones en el exterior de residentes, según la jerga de las cuentas nacionales) ha ido en crecimiento constante, de 334 millones de dólares el primer mes del actual gobierno a 1.312 en julio. El mayor aumento se verificó entre las personas físicas y las agencias bursátiles. En diciembre representaban el 25 por ciento de las salidas de capital, el mes pasado la mitad. El límite actual de acceso al mercado local de cambios de las personas físicas y jurídicas residentes en el país para la formación de activos externos es de 2 millones de dólares mensuales. Redrado quiere ampliarlo y otros directores plantean distintas formas de restricción y control. Por ahora, gana el golden boy.

QUE HACER CON LOS MONOPOLIOS







Diferentes visiones sobre la defensa de la competencia

Por Lic. José Sbatella

La legislación argentina de Defensa de la Competencia es mucho más antigua de lo que muchos suponen. Los primeros antecedentes datan de 1909, cuando se presentó ante el Parlamento argentino el primer proyecto casi veinte años después de la aprobación de la primera legislación antitrust de América: la Ley Shermann de Estados Unidos de 1890.

En 1923 se sanciona la Ley 11.210, aunque ciertos defectos legislativos impidieron su correcta aplicación: sólo uno de los dieciséis procesos iniciados concluyó con condena mientras que el resto prescribió.

En 1946 nace una nueva discusión parlamentaria planteada por el diputado John William Cook para que una nueva Ley reemplace la Ley 11.210 con sus defectos. Es así que en febrero de 1947 se promulga la Ley 12.906 con un carácter también de tipo penal. Ambas leyes tenían el inicio de las actuaciones en las dependencias del Estado, aunque para la aplicación de sanciones era necesaria la intervención de la justicia.

Durante la dictadura iniciada en 1976, se decreta el Decreto-Ley 22.262 en 1980 por iniciativa de Alfredo Martínez de Hoz que tiene como novedad la creación de un organismo administrativo específico que es la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que hace las veces de organismo asesor del Secretario quien es el que resuelve en última instancia en materia de conductas anticompetitivas. Este binomio (Comisión y Secretario) constituye la autoridad de aplicación de la Ley.

Finalmente en el año 1999 se aprueba la Ley 25.156 que reemplaza a la Ley 22.262 y tiene como novedad dos cuestiones. En primer lugar, se crea el Tribunal de Defensa de la Competencia como autoridad de aplicación de la Ley como organismo administrativo autárquico con funciones jurisdiccionales, y en segundo lugar, amoldándose a la legislación internacional, se genera un control previo de las concentraciones y amalgamas de empresas (el llamado control ex ante) donde el Tribunal puede prohibir, condicionar o aprobar dichas fusiones.

A pesar de ello a la fecha el Tribunal nunca se constituyo y eso genera un marco general de debilidad institucional de la Comisión, debido fundamentalmente a que coexiste una autoridad de aplicación de la vieja Ley con una con una Ley de Defensa de la Competencia nueva.

Por tal motivo, y esperando que en algún momento el Tribunal adquiera su forma, al iniciar la gestión no existía ni estructura orgánica, ni manuales de procedimiento, ni misiones, funciones y tareas. Los circuitos administrativos se encontraban impuestos por los usos y costumbres.

La institución solo contaba con las figuras de “Jefe de Abogados”, “Jefe de Economistas” y un “Secretario Letrado”, pero en todos los casos consistían en jerarquías no formalizadas. Solo los cuatro vocales y el Presidente de la CNDC tenían cargos basados en la jerarquía que les otorga la Ley. El plantel de personal se encontraba mayoritariamente contratado bajo modalidades muy precarias.

La Comisión no contaba con reuniones sistemáticas en donde discutir los puntos salientes de las carpetas abordadas en las instrucciones, y había una gran cantidad de actuaciones relacionadas con conductas anticompetitivas al borde de la prescripción.

El organismo no ejecutaba su propio presupuesto, lo que debilitaba su funcionamiento al generar rezagos entre las decisiones funcionales y operativas.

En el 2007 se firma un convenio con la Oficina Anticorrupción, que generó una serie de recomendaciones.

A partir de ello se aprobaron los instructivos de áreas técnicas, con el establecimiento de circuitos y responsabilidades; una estructura interna, con delimitación de responsabilidades y funciones; se creó un Área de Presupuesto y Recursos Humanos, la figura del Relator y un Área de Auditoria; se sistematiza la guarda de expedientes; se incorpora un sistema de sorteo para la asignación de las causas; y se fortalece la presencia en el MERCOSUR.

La independencia presupuestaria mejoró notablemente el funcionamiento de la CNDC: los contratos que eran trimestrales pasaron a ser anuales; se incrementaron las remuneraciones al personal; y se renovó equipamiento diverso.

En enero de 2008, la Secretaría de Comercio Interior declara la nulidad de lo actuado en los sumarios, dado que el tema debe ser tratado en reunión de Comisión. Ello implica el consenso de personas que eventualmente podían estar involucradas como sujetos de la investigación del sumario, de modo tal que los mismos quedan sin posibilidad de prosperar.

En marzo de 2008, la CNDC queda integrada con el Presidente y sólo dos vocales instructores, quedando dos vocalías vacantes.

Mediante Resoluciones 70/08 y 123/08, el Secretario nombra como vice presidentes 1° y 2° a los vocales en mandato (Humberto Guardia Mendonca y Diego Póvolo) y se les asigna toda la responsabilidad del presupuesto y administrativa, quedando la figura del Presidente sin atribuciones; y reglamenta el régimen de reuniones, estableciendo el quórum con sólo 2 miembros en la segunda convocatoria.

El eje central de las estratégicas Resoluciones 49/06, 70/08 y la 123/08, es el intento por retrotraer la situación previa a los cambios impulsados por la Presidencia, convirtiendo a la Comisión en un organismo cooptado por los intereses del sector privado e impedir el ejercicio del poder de policía del Estado contra las estructuras monopólicas y oligopólicas de la economía.
El papel de la presidencia se redujo simplemente a testimoniar diferencias. Además habían intervenido toda la parte administrativa.

Las diferencias de visión

La principal radica en la visión de cómo tratar con los formadores de precios. Para el Secretario de Comercio es mejor un buen monopolio aliado que pequeñas y medianas empresas compitiendo. Y ello se hizo firmando acuerdos con los grupos económicos más poderosos para que disciplinen al resto de las cadenas de valor. Se pensó que llamándolos por teléfono o pegándoles cuatro gritos iba a disciplinar a grupos económicos que han volteado gobiernos.

Para tener capacidad de control, el Estado debe poder sancionar. Para eso hay leyes como las de Defensa del Consumidor y de la Competencia. Justamente las dos áreas que fueron prácticamente desactivadas. Esa inconsistencia hizo que la política fracasara. Los controles de precios no sirvieron y no hubo capacidad de sanción. Lo único que se hizo fue castigar al que traía las malas noticias, que es el índice de inflación.

Y el problema es que se está minando la posibilidad de un cambio concreto de la estructura económica a favor de los intereses populares. De nada sirve un buen encuadre macroeconómico sin una política del día a día para la microeconomía.

La visión de que en la Argentina pueda funcionar el capitalismo según el modelo coreano, donde un estado fuerte queda asociado a pocos grupos empresarios que disciplinan al resto de los actores sociales, tiene como límite la legitimidad política. Si por alguna razón esta se deteriora, se reemplaza ese acuerdo por otra alianza política.

Si bien la Presidenta ha dicho que es la última responsable sobre los resultados de la gestión de cada funcionario, en virtud del sistema presidencialista de gobierno, constituye un error político que asuma la responsabilidad de los errores de los responsables de las áreas, manteniéndolos en sus puestos. Ello hace que los funcionarios se declaren “soldados” y que bajo ese pretexto esperen órdenes y “floten” en sus puestos. En consecuencia corresponde que el fracaso de la política de control de precios lo pague el responsable del área.

LOS PYMES NO SON LA U.I.A

En los últimos días se lo ha visto a Cristiano Rattazzi integrante del Comité Ejecutivo de la U.I.A (presidente de FIAT) en los programas de opinión de la TV planteando la incertidumbre, el riesgo, etc, etc que implica el actual modelo económico para los inversores.

Buenos Aires Económico

(levantado por INFOR-MET rmermet@yahoo.com.ar en Reconquista Popular)

Francisco Martirena Auber fmartirena@buenosaireseconomico.com

La confianza en la Unión Industrial Argentina llegó a su fin, se agotó.

Desde hoy a las 12.30 y con el pretexto del Día del Empresario Nacional, la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), acompañada por varios sindicatos de la producción, comenzará una nueva etapa: desarrollará un espacio paralelo a la UIA bajo el lema de la defensa de las Pyme.

El marco promete ser multitudinario.

Y algunas de las presencias sugieren el apoyo al proyecto: asistirán el ministro de Trabajo, Carlos Tomada; el secretario de Industria, Fernando Fraguío; el presidente de la ONCCA, Ricardo Echegaray; la directora general de Aduanas, Silvina Tirabassi, y subsecretarios y legisladores nacionales y provinciales.

El acto se llevará a cabo en el Centro de Exposiciones de San Martín y concurrirán 1.200 empresarios de cámaras y federaciones del país. El ?arquitecto? del proyecto emancipador de la UIA es el presidente de la CGERA, el diputado kirchnerista Marcelo Fernández, quien liderará hoy la presentación de un documento empresariosindical con el objeto de defender el modelo productivo y el mercado interno.

?La UIA no representa a las Pyme y hay un espacio que tenemos que cubrir. La idea es que se realicen encuentros periódicos entre empresarios y con articulación hacia los sindicatos?, narraron ayer en la sede de la CGERA.

El acompañamiento gremial tampoco es menor: concurrirán representantes de la UOM, la Asociación Obrera Textil, SMATA y la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne, entre otros. Las cámaras empresariales no se quedarán atrás. Por citar algunas, estarán la Fundación Pro Tejer, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, la Cámara de Empresas de la Industria del Sweater, la Cámara de Autoservicios y Supermercados Propiedad de Residentes Chinos, el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas, la Cámara de la Industria del Calzado y la Cámara de la Industria Curtidora Argentina.

STANDARD & POOR'S ¡¡¡¡¡¡CARADURAS!!!!!!!



12/08/2008

Cartón lleno

Por Alfredo Zaiat

La calificadora de riesgo Standard & Poor’s, compañía internacional que se dedica a analizar la situación y perspectivas de empresas y de países, ha castigado a la economía argentina bajando la nota de solvencia. En la lógica de funcionamiento de los mercados financieros globalizados la función de esas firmas es la de orientar a los inversores para la colocación de sus capitales determinando la mayor o menor seguridad de los activos. Los antecedentes recientes de esas agencias, como de su principal competidora, Moody’s, no merecerían el crédito a sus opiniones.

Pero, como se sabe, en el mercado se destaca el sustrato ideológico para poder concretar negocios. Analistas de Estados Unidos han defenestrado a esas calificadoras. Y no es para menos. Con la liviandad que ofrece la impunidad de cometer errores sucesivos sin recibir castigo alguno, S&P y Moody’s habían calificado como de riesgo casi cero (AAA) a los bonos de hipotecas subprime. El derrumbe de ese mercado ha provocado la peor crisis financiera en Estados Unidos y Europa desde el crac del ’29, generando pérdidas billonarias. Para S&P y Moody’s esos activos financieros eran una inversión segura.

Un poco más lejos, a fines de la década del ’90, esas compañías también fueron protagonistas de bochornos de proporciones cuando aseguraban que bonos y acciones de empresas de Corea del Sur merecían el ansiado triple A. La profunda crisis financiera de esa potencia asiática en 1997 dejó al descubierto la fragilidad conceptual y poca fiabilidad de sus análisis. El mismo comportamiento tuvieron con México, en 1994, antes del estallido de la crisis del Tequila. Con respecto a la Argentina, después de la obsesiva búsqueda del ansiado investment grade (grado de inversión), que implica estar calificado en los primeros lugares de ese ranking, que emprendió el gobierno de Fernando de la Rúa hasta provocarle la destrucción, esas compañías asumieron un muy bajo perfil. No era para menos: su evaluación positiva de la convertibilidad con su desenlace final en el default de la deuda dejó a miles de inversores desamparados.

En Estados Unidos estudian regular el funcionamiento de esas calificadoras porque los entes de control del principal mercado financiero mundial sospechan que esas firmas definen las notas de los bonos según el interés de los bancos y empresas emisoras sin considerar el riesgo para el inversor.

Pese a estos antecedentes, que son bien conocidos y publicados por los grandes medios internacionales, Standard & Poor’s y Moody’s han vuelto ha ocupar el rol de censores de la política económica argentina. Junto a ellas también han retornado los tradicionales economistas de la city de pronósticos errados para pontificar sobre cuál debería ser el rumbo a seguir. Para los que tienen memoria de los noventa, falta el regreso de las opiniones del economista del quebrado banco ABN Amro Arturo Porzecanski y cartón lleno.

ESTO ES LO QUE ESTÁ PASANDO A NIVEL GLOBAL





Las tres crisis
Ignacio Ramonet
Le Monde Diplomatique

No había ocurrido jamás. Por vez primera en la historia económica moderna, tres crisis de gran amplitud -financiera, energética, alimentaria- están coincidiendo, confluyendo y combinándose. Cada una de ellas interactúa sobre las demás. Agravando así, de modo exponencial, el deterioro de la economía real.

Por mucho que las autoridades se esfuercen en minimizar la gravedad del momento, lo cierto es que nos hallamos ante un seísmo económico de inédita magnitud. Cuyos efectos sociales apenas empiezan a hacerse sentir y que detonarán con toda brutalidad en los meses venideros. Lo peor nunca es seguro y la numerología no es una ciencia exacta, pero el año 2009 bien podría parecerse a aquel nefasto 1929...

Como era de temer, la crisis financiera sigue agudizándose. A los descalabros de prestigiosos bancos estadounidenses, como Bear Stearns, Merrill Lynch y el gigante Citigroup, se ha sumado el desastre reciente de Lehman Brothers, cuarta banca de negocios que ha anunciado, el pasado 9 de junio, una pérdida de 1.700 millones de euros. Por ser su primer déficit desde su salida en Bolsa en 1994, esto ha causado el efecto de un terremoto en una América financiera ya violentamente traumatizada.

Cada día se difunden noticias sobre nuevos quebrantos en los bancos. Hasta ahora, las entidades más afectadas han reconocido pérdidas de casi 250.000 millones de euros. Y el Fondo Monetario Internacional estima que, para salir del desastre, el sistema necesitará unos 610.000 millones de euros (o sea, el equivalente de ¡dos veces el presupuesto de Francia!).

La crisis comenzó en Estados Unidos, en agosto de 2007, con la morosidad de las hipotecas de mala calidad (subprime) y se ha extendido por todo el mundo. Su capacidad de transformarse y de extenderse mediante la proliferación de complejos mecanismos financieros hace que esta crisis se asemeje a una epidemia fulminante imposible de atajar.

Las entidades bancarias ya no se prestan dinero. Todas desconfían de la salud financiera de sus rivales. A pesar de las inyecciones masivas de liquidez efectuadas por los grandes bancos centrales, nunca se había visto una sequía tan severa de dinero en los mercados. Y lo que más temen algunos ahora es una crisis sistémica, o sea que el conjunto del sistema económico mundial se colapse.

De la esfera financiera la crisis se ha trasladado al conjunto de la actividad económica. De golpe, las economías de los países desarrollados se han enfriado. Europa (y en particular España) se halla en franca desaceleración, y Estados Unidos se encuentra al borde de la recesión.

Donde más se está notando la dureza de este ajuste es en el sector inmobiliario. Durante el primer trimestre de 2008, el número de ventas de viviendas en España cayó el ¡29%! Cerca de dos millones de pisos y de chalets no encuentran comprador. El precio del suelo sigue desmoronándose. Y el alza de los intereses hipotecarios y los temores de recesión hunden el sector en una espiral infernal. Con feroces efectos en todos los frentes de la enorme industria de la construcción. Todas las empresas de estas ramas se ubican ahora en el ojo del huracán. Y asisten impotentes a la destrucción de decenas de miles de empleos.

De la crisis financiera hemos pasado a la crisis social. Y vuelven a surgir políticas autoritarias. El Parlamento Europeo ha aprobado, el pasado 18 de junio, la infame "directiva retorno". Y las autoridades españolas ya han proclamado su voluntad de favorecer la salida de España de un millón de trabajadores extranjeros...

En medio de esta situación de espanto se produce el tercer choque petrolero. Con un precio del barril en torno a los 140 dólares. Un aumento irracional (hace diez años, en 1998, el barril costaba menos de 10 dólares...) debido no sólo a una demanda disparatada sino, sobre todo, a la acción de muchos especuladores que apuestan por el alza continua de un carburante en vías de extinción. Los inversores huyen de la burbuja inmobiliaria y desplazan masas colosales de dinero porque apuestan ahora por un petróleo a 200 dólares el barril. Se está así produciendo una financiarización del petróleo.

Con las consecuencias que vemos: formidable subida de los precios en las gasolineras, y estallidos de ira por parte de pescadores, camioneros, agricultores, taxistas y todos los profesionales más afectados. En muchos países, mediante manifestaciones y enfrentamientos, estas profesiones reclaman a sus Gobiernos ayudas, subvenciones o reducciones de la fiscalidad.

Por si todo este contexto no fuese lo bastante sombrío, la crisis alimentaria se ha agravado repentinamente y ha venido a recordarnos que el espectro del hambre sigue amenazando a casi mil millones de personas. En unos cuarenta países, la carestía actual de los alimentos ha provocado levantamientos y revueltas populares. La Cumbre de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) del pasado 5 de junio en Roma sobre la seguridad alimentaria fue incapaz de alcanzar un acuerdo para relanzar la producción alimentaria mundial.

También aquí, los especuladores en fuga del desastre financiero tienen una parte de responsabilidad porque apuestan por un precio elevado de las futuras cosechas. De modo que hasta la agricultura se está financiarizando.
Éste es el saldo deplorable que deja un cuarto de siglo de neoliberalismo: tres venenosas crisis entrelazadas. Va siendo hora de que los ciudadanos digan: "¡Basta!".

LA DISCUSIÓN POR LAS RETENCIONES FUE UN PROCESO REVELADOR

Partidos y concepciones

Ernesto Villanueva

La iniciativa gubernamental en materia de derechos de exportación excedió la capacidad decisional de sus fuerzas en el orden social, legislativo y ejecutivo. Más en castellano, los otros eran más que nosotros. Esto es, la propuesta de las retenciones móviles no se compadecía con el poder propio existente. Ello no fue transparente al principio. Por el contrario, el Gobierno dictó la resolución 125 en la creencia de que sería aceptada, aún a regañadientes. Sin embargo, la tempestad que se levantó superó con mucho las expectativas gubernamentales, y ello repercutió en un proceso revelador.

Nuestros partidos políticos son casi inexistentes. En muchos casos adoptan la forma de catch all, partidos "toma todo", con ideologías blandas que se adaptan de acuerdo con el público, el territorio y las circunstancias. Si a ello se le agrega la heterogeneidad estructural de la Argentina, en varios casos se trata de confederaciones provinciales; de ligas de gobernadores. En este contexto, no es de extrañar que una medida donde se discutía más lo ideológico que otra cosa, casi todas las estructuras estallaron. Por supuesto, el Partido Justicialista, pero también la Concertación Plural y los socialistas.

Quizás éste sea el saldo más positivo de esta batalla perdida. El pragmatismo está dejando lugar a las concepciones, y es bueno que así sea. Obviamente, si el Gobierno insiste por un camino de transformación social, ha tenido un momento espectacular para saber quién es quién, en particular para conocer cuál es la fuerza propia y reposicionarse desde esa certeza: La sociedad también ha tenido sus descubrimientos: a Barrionuevo, Miguens, Lozano, Llambías, Carrió y otros sólo les falta venerar un macho cabrío para conformar un aquelarre, que no será de la Edad Media porque es auspiciado por Clarín.

De ambas certezas, batalla perdida y reconocimiento de las propias fuerzas, se deducen las próximas actividades; mas aún si se tiene en cuenta la emergencia de una militancia incipiente que ha tenido una prueba de fuego con simbología incluída.

Reconocer la derrota, reagrupar y posicionar las propias fuerzas, dar señas inequívocas de la dirección asumida, constituyen piezas ineludibles para esta situación que tendrá otros contextos y otros nombres pero que se inscribe en la gran zaga de todas las naciones en conformación: si economía de enclave o economía integrada, si asimilación o autonomía, son preguntas que se resuelven a diario en la calle, en las leyes y en la orientación de los funcionarios.

LAS ENCUESTAS QUE NO SALEN EN CLARÍN

04/08/2008


Dos encuestas le dan a la Presidenta una imagen positiva mayor al 50 por ciento.

Los sondeos de opinión realizados por las encuestadoras Equis y Rouvier & Asociados le otorgaron a la Presidenta una aprobación de 53,2% y 55,6%, respectivamente. También fueron sondeadas las decisiones recientes del Gobierno.

Equis dice que una encuesta realizada entre el 26 y 30 de julio en los principales centros urbanos del país a mayores de 18 años de todos los niveles socio económicos, arrojó 53,2 por ciento de imagen positiva de la Presidenta.

Por otra parte, del trabajo surge que la imagen del gobierno nacional asciende a 49,3 de imagen positiva, la regular es de 18,6 por ciento y la negativa 26,1 por ciento, en tanto el resto pertenece a no sabe o no contesta.

Por su parte, la muestra de la empresa de Ricardo Rouvier & Asociados realizada en la tercera semana de julio, sobre 1.200 casos a nivel nacional, dio como resultado una imagen positiva de Cristina de 55,6 por ciento y contrasta con el 49,4 de junio.

Para Rouvier, la imagen positiva del ex presidente Néstor Kirchner es del 57 por ciento para el mismo período y de acuerdo a la encuesta de Equis asciende a 62,4 por ciento. La encuesta de Equis también recoge la opinión acerca del "cambio de jefe de Gabinete" (59,5 por ciento de acuerdo).

La "iniciativa del Gobierno de enviar el proyecto de movilidad previsional al Congreso" (75,6 por ciento lo definió positivo), aumento del "salario mínimo, vital y móvil (81,7 por ciento está de acuerdo) y si está de "acuerdo con la reestatización de Aerolíneas Argentinas (70,1 por ciento a favor).

LA VERDAD DE LA MILANESA CON EL CONSENSO SOBRE LA REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA

04 /08/2008


La torta y el falso consenso

¿Qué pasa que todo el mundo está a favor de “la redistribución de la riqueza”? ¿Por qué no se escucha a nadie de los que están en contra declarar que están en contra? Un bozal políticamente correcto los ampara.

Por Sandra Russo

La irrupción masiva de la idea de la redistribución de la riqueza no empezó con la Resolución 125. Empezó bastante antes. Promediaba el gobierno anterior y se decía, en los ámbitos progresistas, que innegablemente se había avanzado mucho en materia de derechos humanos, pero que Kirchner no había tocado la torta y sus porciones; que por sí misma la creación de empleo había modificado el dantesco paisaje de 2002 y 2003, pero que no había habido ningún cambio real en la redistribución del ingreso. Seguíamos y seguimos siendo hoy un país rico en el que la brecha entre los pocos de arriba y los muchísimos de abajo es, diríamos, escandalosa no ya en términos de ningún progresismo sino en los de lo que en los países desarrollados se entiende por “civilización”. Invertidos los tópicos sarmientinos, la civilización requiere mínimos estándares de equidad, en tanto la barbarie no es otra cosa, hoy, que los diseños bananeros que promueven las derechas locales.

Cuando hablo de la redistribución de la riqueza no me refiero a ese reparto estructural en sí mismo, sino más bien a cómo se modula, cómo se usa, cómo se llenan bocas hablando, y ahora entrecomillamos, de la “redistribución de la riqueza”. Si se repasan los debates en el Congreso, en ambas cámaras, bloque por bloque, todos y cada uno dijeron estar a favor de la “redistribución de la riqueza”. Hay cuestiones, como ésta, que obturan la verdad de lo que se piensa y la verdad de lo que se defiende.

¿Qué discurso hay circulando que se anime a oponerse a la “redistribución de la riqueza”? Ninguno. Hasta los terratenientes que han tenido más micrófonos que nunca en la historia de la radiodifusión argentina y han sido tratados como víctimas de “esta dominación” han hablado a favor de la “redistribución de la riqueza”. Hasta los políticos más soeces que todavía retienen bancas hablan a favor de la “redistribución de la riqueza”. Caramba: ¿no estará indicando esto que hay un relato políticamente correcto que impide a quienes defienden la torta argentina tradicional (pirámide finita, base ancha) decir lo que realmente piensan y a favor de qué y de quiénes operan? ¿Y no sería éste el momento de descular que el verbo “impide”, que de algún modo celebra lo “políticamente correcto”, puede ser reemplazado en casos como éste por “protege”? Bajo lo políticamente correcto se amparan los intereses de todo tipo.

Lo más cerca que se estuvo de entrever esa verdad que apura a los gringos sin dentaduras perfectas y a los señores delicados como Miguens fue ese lomo insinuado a 80 pesos. Se dijo en su momento que, bueno, después de todo, los uruguayos van por ese camino. Que el asado de tira, que es popular, quede barato, pero que el precio del lomo trepe lo que deba trepar, total sus consumidores históricos lo pagarán al precio que pueden comprarlo en Punta del Este o en París. Hubiese sido honesto profundizar ese costado del debate, porque al menos, ahí sí, quedaría claro un modelo de país con la riqueza en su sitio, y minga de redistribución de riqueza y de lomo.

Sin embargo, a pesar de que no hay nadie en la televisión, ni entrevistados ni entrevistadores, que diga abiertamente que la “redistribución de la riqueza” es un asunto que provoca rechazo y hasta espanto, algo de ese espanto se huele en la mueca de odio, sobre todo, de las señoras caceroleras, convertidas en las porristas de la SRA. Puede pensarse con cierto fundamento que hay algo que no se dice pero sí se piensa y que se siente muy adentro, muy en la propia historia de nuestra clase media, casi en su génesis: en el diseño original de este país, los pobres cumplieron una función que la clase media no está dispuesta a que dejen de cumplir. Para decirlo brutalmente: son los que están peor.

La clase media argentina tiene una triste sed de gente que esté peor. Hay amplios sectores de esa clase media, los más disciplinados por el relato ortodoxo de la argentinidad, que a lo que temen, de lo que huyen, lo que combaten es precisamente “la redistribución de la riqueza”. ¿Qué pasaría si se borrara la distancia que los separa del zoológico? Llambías puede decirlo tranquilo. A él y a su gente los separa más que una avenida ancha de esa masa de brutos, de analfabetos, de cabezas, de grasitas. Pero a muchas de las señoras porristas lo único que efectivamente las separa del zoológico es una calle. Y si hay un gobierno que la borra, cae toda una identidad de clase y cae con ella la ilusión de ser mejores, diferentes, más refinadas, más cultas, más “como uno” que en materia de clase media es “como ellos”, los ricos.

Cuando se le reclama a la derecha que sea derecha y hable en consecuencia, que blanquee aspiraciones, límites, ideas, lo que se le reclama es que no falsee solidaridades que nunca tuvo ni tendrá. Hay países capitalistas que han arribado al puerto de burguesías felices y contentas, con Estados que atienden a los más débiles y cuyos débiles se ubican más acá de la indigencia, de la degradación, de la indignidad que supone la Argentina. Nuestras clases dirigentes, ya lo escribió Murena en su Pecado Original, nunca estuvieron integradas por los mejores en nada. Nuestras oligarquías nacieron simplemente de una oportunidad, allá por 1880.

Es absurdo que a esta altura todavía todos y cada uno de los que pujan para que nada cambie se dejen puesta la máscara del humanismo que nunca sintieron, de la solidaridad que nunca actuaron y de la corrección política con la que se atragantan. La “redistribución de la riqueza” aparece hoy como un falso consenso, probablemente el más falso y canalla de todos.

LA SOCIEDAD RURAL DEFIENDE LA EVASIÓN FISCAL

02/08/2008
La dirigencia rural confunde el cumplimiento de reglas con trabas y al control con políticas arbitrarias. Siguen defendiendo la informalidad en el campo y los mecanismos de elusión fiscal, desconociendo que las oportunidades de los sectores concentrados, no pueden excluir al resto de los argentinos y condicionar nuestra seguridad alimentaria.

"Un sector históricamente privilegiado como el que representa Luciano Miguens debería hacer un esfuerzo para tener más apego a las reglas, minimizar su fervorosa construcción de políticas de concentración económica y embarcarse en competir en un mercado algo más transparente”; afirmó el Presidente de la ONCCA (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario) Ricardo Echegaray.

“La Sociedad Rural no está para sacar y nombrar a los funcionarios de Agricultura. Tampoco para dictar las políticas agropecuarias como hicieron en otros tiempos. Como dice Miguens, esas sí eran políticas arbitrarias. La dirigencia que año tras año se nuclea en el predio de Palermo, no debe inquietarse por carecer del manejo de las políticas públicas. Los argentinos hoy tenemos un gobierno que gobierna. Un Gobierno que mantiene una visión de desarrollo productivo integral y distribución de la riqueza que deja de lado el egoísmo. Un Gobierno que pone rumbo hacia una política agropecuaria para todos los argentinos y no para un sector en particular".

"Una vez más desde la Sociedad Rural se insiste en la voracidad de los grandes productores que sólo buscan exportar a toda costa, sin ningún control del Estado, porque no les importa el abastecimiento interno. Como señalaba Raúl Scalabrini Ortiz, quizá lo que buscan es que la población argentina consuma cada vez menos carne y así ellos pueden llenar sus bolsillos con la venta de esas proteínas en el exterior, a precios prohibitivos para nuestra gente”, agregó el funcionario.

“Tampoco quieren hacerse cargo de la crisis alimentaria mundial y de la mesa de los argentinos. Lo único que les importa es la oportunidad de obtener ganancias a costa del hambre de los que no pueden pagar, lo que ellos desean ganar”.

“En esto somos categóricos: deben saber los ruralistas de Palermo que mientras más produzcan y más declaren, más exportarán. Quiero destacar un ejemplo del sector de granos: hay 900 mil toneladas de trigo pan recientemente autorizadas para su exportación, número surgido de la producción declarada ante la ONCCA. Si quieren leer esto como una señal de la ONCCA al mercado, la señal la puedo explicar en cuatro palabras: deben transprarentar su producción”, remarcó.

“No pueden expresarse a medias tinta. La dirigencia de Palermo confunde el cumplimiento de reglas con trabas, controles con políticas arbitrarias. Siguen defendiendo la informalidad en el campo y los mecanismos de elusión fiscal. Ya es hora de que la Sociedad Rural deje de apoyarse en las Leyes que diseñó Martinez de Hoz para salvaguardar la especulación de las Grandes Exportadoras de Cereales. Cuestionan la Resolución 543 de la ONCCA, porque ha sido la única herramienta efectiva con la pudimos rápidamente combatir la elusión fiscal que la Ley de Granos -21.453- les permite.

Es hora de cambios, y los ruralistas de Palermo deben comprender que el pago de los derechos de exportación ya no puede ser un componente más de la especulación en el comercio de granos, cereales y oleaginosas. Una cosa son los mercados a futuro y otra cosa es un Estado pavo que mira como los exportadores eluden las retenciones. Acá el Ejecutivo reaccionó y utilizó las reglas que tenía a su alcance más inmediato. Ya estamos en el siglo XXI, si logramos entre todos cambiar el diseño Martinez de Hoz por un modelo productivista, donde las retenciones dejen de ser un componente de la especulación en los Mercados a Futuro, vamos a beneficiarnos todos. En el mundo de hoy ya no existen Mercados a Futuro de Granos, donde la carga fiscal constituya un componente sustancial para la especulación.

La 543 vino para cercar la elusión tributaria que realizaban las exportadoras en los Mercados a Futuro, pre-anotando Declaraciones Juradas de Venta al Exterior – hoy ROE Verde- con dos objetivos: primero, para evitar pagar el aumento de las retenciones, lo que fue parcialmente corregido por la Ley Martinez Raymonda. Y segundo, para congelar el precio de los granos, cereales y oleaginosas a un valor menor que el que tienen cuando se exporta, licuando así la base imponible y pagando retenciones calculadas sobre un precio de esos productos sensiblemente menor.

Necesitamos un comercio más transparente, en beneficio de todos y no para picardía de unos pocos. Todas las exportaciones tributan sobre el precio y al nivel de retenciones que está vigente al momento de registrar las operaciones en la Aduana. Si quieren congelar el precio y el nivel de retenciones al tiempo que presentan los ROE Verde, pues entonces que cumplan con sus obligaciones fiscales en ese momento.

Hay que terminar con el diseño Martinez de Hoz, cuyos efectos nocivos fueron acotados por la Resolución 543, y permite a los exportadores congelar todo con la presentación del ROE VERDE y pagar sobre un precio desactualizado mucho menor del que se exportó. Es este modelo el que generó la elusión fiscal que reclamamos desde la ONCCA por unas 24 Millones de Toneladas. 53 firmas exportadoras del sector registraron la venta de lo que no tenían con el único fin de pagar menos retenciones y aprovechar esa ventaja en los Mercados a Futuro, obviamente en perjuicio del Estado y usufructuando una renta extraordinaria sobre el menor precio que le pagaron a los 85.000 productores.

Necesitamos un mercado de granos transparente, lástima que los ruralistas de Palermo no tienen en cuenta qué algunos de sus socios exportaron en 2007 el 90% de su producción a paraísos fiscales, como Mónaco, Islas Vírgenes e Islas Caimán. Sin embargo, el Estado cumple con su deber. La Aduana estableció que el 86% del aceite de soja a granel, también, fue facturado a paraísos fiscales. Y el 80% de las exportaciones de harina de soja tuvieron estos mismos destinos.”

“La ONCCA es un engranaje dentro de la estructura fiscalizadora del Estado. La Sociedad Rural no debería molestarle que esta Oficina, la Aduana o la AFIP hagan su trabajo en la búsqueda de la equidad y la transparencia comercial agropecuaria. En ningún país del mundo se permite el nivel de connivencia que pretende recuperar la Sociedad Rural en aquellas instituciones que deben controlarla. De allí su enojo exacerbado hacia nuestro trabajo que se respalda en la Ley y en una nueva política agropecuaria”, intuyó Echegaray.