La dirigencia rural confunde el cumplimiento de reglas con trabas y al control con políticas arbitrarias. Siguen defendiendo la informalidad en el campo y los mecanismos de elusión fiscal, desconociendo que las oportunidades de los sectores concentrados, no pueden excluir al resto de los argentinos y condicionar nuestra seguridad alimentaria."Un sector históricamente privilegiado como el que representa Luciano Miguens debería hacer un esfuerzo para tener más apego a las reglas, minimizar su fervorosa construcción de políticas de concentración económica y embarcarse en competir en un mercado algo más transparente”; afirmó el Presidente de la ONCCA (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario) Ricardo Echegaray.
“La Sociedad Rural no está para sacar y nombrar a los funcionarios de Agricultura. Tampoco para dictar las políticas agropecuarias como hicieron en otros tiempos. Como dice Miguens, esas sí eran políticas arbitrarias. La dirigencia que año tras año se nuclea en el predio de Palermo, no debe inquietarse por carecer del manejo de las políticas públicas. Los argentinos hoy tenemos un gobierno que gobierna. Un Gobierno que mantiene una visión de desarrollo productivo integral y distribución de la riqueza que deja de lado el egoísmo. Un Gobierno que pone rumbo hacia una política agropecuaria para todos los argentinos y no para un sector en particular".
"Una vez más desde la Sociedad Rural se insiste en la voracidad de los grandes productores que sólo buscan exportar a toda costa, sin ningún control del Estado, porque no les importa el abastecimiento interno. Como señalaba Raúl Scalabrini Ortiz, quizá lo que buscan es que la población argentina consuma cada vez menos carne y así ellos pueden llenar sus bolsillos con la venta de esas proteínas en el exterior, a precios prohibitivos para nuestra gente”, agregó el funcionario.
“Tampoco quieren hacerse cargo de la crisis alimentaria mundial y de la mesa de los argentinos. Lo único que les importa es la oportunidad de obtener ganancias a costa del hambre de los que no pueden pagar, lo que ellos desean ganar”.
“En esto somos categóricos: deben saber los ruralistas de Palermo que mientras más produzcan y más declaren, más exportarán. Quiero destacar un ejemplo del sector de granos: hay 900 mil toneladas de trigo pan recientemente autorizadas para su exportación, número surgido de la producción declarada ante la ONCCA. Si quieren leer esto como una señal de la ONCCA al mercado, la señal la puedo explicar en cuatro palabras: deben transprarentar su producción”, remarcó.
“No pueden expresarse a medias tinta. La dirigencia de Palermo confunde el cumplimiento de reglas con trabas, controles con políticas arbitrarias. Siguen defendiendo la informalidad en el campo y los mecanismos de elusión fiscal. Ya es hora de que la Sociedad Rural deje de apoyarse en las Leyes que diseñó Martinez de Hoz para salvaguardar la especulación de las Grandes Exportadoras de Cereales. Cuestionan la Resolución 543 de la ONCCA, porque ha sido la única herramienta efectiva con la pudimos rápidamente combatir la elusión fiscal que la Ley de Granos -21.453- les permite.
Es hora de cambios, y los ruralistas de Palermo deben comprender que el pago de los derechos de exportación ya no puede ser un componente más de la especulación en el comercio de granos, cereales y oleaginosas. Una cosa son los mercados a futuro y otra cosa es un Estado pavo que mira como los exportadores eluden las retenciones. Acá el Ejecutivo reaccionó y utilizó las reglas que tenía a su alcance más inmediato. Ya estamos en el siglo XXI, si logramos entre todos cambiar el diseño Martinez de Hoz por un modelo productivista, donde las retenciones dejen de ser un componente de la especulación en los Mercados a Futuro, vamos a beneficiarnos todos. En el mundo de hoy ya no existen Mercados a Futuro de Granos, donde la carga fiscal constituya un componente sustancial para la especulación.
La 543 vino para cercar la elusión tributaria que realizaban las exportadoras en los Mercados a Futuro, pre-anotando Declaraciones Juradas de Venta al Exterior – hoy ROE Verde- con dos objetivos: primero, para evitar pagar el aumento de las retenciones, lo que fue parcialmente corregido por la Ley Martinez Raymonda. Y segundo, para congelar el precio de los granos, cereales y oleaginosas a un valor menor que el que tienen cuando se exporta, licuando así la base imponible y pagando retenciones calculadas sobre un precio de esos productos sensiblemente menor.
Necesitamos un comercio más transparente, en beneficio de todos y no para picardía de unos pocos. Todas las exportaciones tributan sobre el precio y al nivel de retenciones que está vigente al momento de registrar las operaciones en la Aduana. Si quieren congelar el precio y el nivel de retenciones al tiempo que presentan los ROE Verde, pues entonces que cumplan con sus obligaciones fiscales en ese momento.
Hay que terminar con el diseño Martinez de Hoz, cuyos efectos nocivos fueron acotados por la Resolución 543, y permite a los exportadores congelar todo con la presentación del ROE VERDE y pagar sobre un precio desactualizado mucho menor del que se exportó. Es este modelo el que generó la elusión fiscal que reclamamos desde la ONCCA por unas 24 Millones de Toneladas. 53 firmas exportadoras del sector registraron la venta de lo que no tenían con el único fin de pagar menos retenciones y aprovechar esa ventaja en los Mercados a Futuro, obviamente en perjuicio del Estado y usufructuando una renta extraordinaria sobre el menor precio que le pagaron a los 85.000 productores.
Necesitamos un mercado de granos transparente, lástima que los ruralistas de Palermo no tienen en cuenta qué algunos de sus socios exportaron en 2007 el 90% de su producción a paraísos fiscales, como Mónaco, Islas Vírgenes e Islas Caimán. Sin embargo, el Estado cumple con su deber. La Aduana estableció que el 86% del aceite de soja a granel, también, fue facturado a paraísos fiscales. Y el 80% de las exportaciones de harina de soja tuvieron estos mismos destinos.”
“La ONCCA es un engranaje dentro de la estructura fiscalizadora del Estado. La Sociedad Rural no debería molestarle que esta Oficina, la Aduana o la AFIP hagan su trabajo en la búsqueda de la equidad y la transparencia comercial agropecuaria. En ningún país del mundo se permite el nivel de connivencia que pretende recuperar la Sociedad Rural en aquellas instituciones que deben controlarla. De allí su enojo exacerbado hacia nuestro trabajo que se respalda en la Ley y en una nueva política agropecuaria”, intuyó Echegaray.
