Stella Marys García, abogada querellante, hermana de Sergio Julio García asesinado por la Triple “A”, ambos hijos del Senador Nacional Justino García.
Nadie me habla de ti, sin embargo te extraño,
no me resigno a olvidarte aunque pasen los años
qué será de ti, por donde andarás,
qué será de ti, por donde andarás,
a que distancia te encuentras de mi soledad.
LA TRIPLE “A” Y SU ENCUENTRO CON LA JUSTICIA
El presente artículo analiza los avances de la Justicia para superar la impunidad de la que siempre gozó la Triple A y el terrorismo de Estado anterior al 24 de marzo de 1976.
En ese sentido se analizan importantes criterios sentados en la causa principal que lleva adelante el Juez Federal Norberto Oyarbide, ya confirmados por la Cámara Nacional Criminal, y en el mismo sentido las actuaciones los Tribunales Federales de Mar del Plata y de Córdoba, considerando que esas resoluciones judiciales pueden producir efectos en relación a las conexiones pampeanas de la Triple “A”.
IMPUNIDAD VS. JUSTICIA, UNA LARGA HISTORIA.
Durante las últimas tres décadas, militares, radicales y peronistas convinieron en mantener a la JUSTICIA alejada de la revisión del terrorismo de estado sufrido entre los años 1973 a 1976, cuando el brujo-mucamo José López Rega, devenido en Ministro de la Nación, se convierte en la cara visible de una concepción totalitaria y fascista, fiel a la Doctrina de la Seguridad Nacional, cuyo plan de expansión suponía no sólo el exterminio de opositores izquerdistas, sino que también resultó implacable con todo tipo de disidencia.
Un pacto de silencio de 30 años, tan duradero y sin fisuras, demuestra la dimensión y el alcance de los crímenes cometidos por la Triple “A”, y también que existen mayores intereses y responsabilidades que las que se pretenden circunscribir a la figura de López Rega y su séquito, de manera que es una obligación pendiente de la JUSTICIA descubrir el verdadero ámbito de planificación y dirigencia de ese plan siniestro, cuyo soporte ideológico y de acción tenía importantes actores civiles, religiosos, políticos y gremiales, además de las fuerzas armadas y de seguridad que lo secundaron.
En nuestra Provincia existieron personajes relacionados con la Triple “A” responsables de que muchas víctimas sufrieran cárceles, torturas y muertes durante el período democrático anterior al 24 de marzo de 1976, los mismos actores que demostraron, en un trazo continuo, su afinidad y cercanía con la posterior dictadura.
OBSTÁCULOS Y AVANCES DE LA JUSTICIA
La investigación del accionar terrorista de la Triple “A” encuentra dificultades objetivas, legales y procesales por cuanto se trata, no sólo de hechos ocurridos hace mucho tiempo, sino que fueron parte de una política criminal ejercida desde el propio Estado, o sea que el poderoso aparato estatal fue perversamente instrumentado en favor del genocidio, ocultando y destruyendo las pruebas y haciendo uso de planificaciones secretas y medios clandestinos que impidieron que la población conociera la realidad hasta muchos años después.
Quienes fueron víctimas y se atrevieron en su momento a denunciar las actividades de la Triple A, fueron asesinados o amedrentados, de manera que la información sobre estos hechos se perdió o perduró sólo en la memoria de las pocas víctimas sobrevivientes, familiares, amigos o conocidos, y muchas veces tuvo que ser transmitida en forma indirecta, lo que disminuye su valor probatorio.
Estas dificultades: impunidad, transcurso del tiempo y falta de pruebas, son una verdadera preocupación para satisfacer los reclamos de justicia. Sin embargo en las resoluciones que van adoptando los Tribunales aparecen importantes indicios que muestran la firme intención de avanzar y superar tales dificultades.
En primer término ya fue vencido el obstáculo más importante que era la prescripción y el cierre definitivo de las causas que beneficiaba a los genocidas. La resolución del juez Oyarbide del 26 de enero de 2007 recientemente confirmada por la Cámara, reconoció la existencia de la “asociación ilícita” Triple “A”, con la identificación de su grupo originario y su estrecha relación con el Estado, y dijo expresamente que:..“lo que ha existido es una política criminal y terrorista, institucionalmente implementada”, razón por la cual calificó a los delitos cometidos como crímenes de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles, correspondiendo a tal decisión la inmediata reapertura de las investigaciones.
En pocas líneas el Juez Norberto Oyarbide estableció numerosos e importantes conceptos que pueden impulsar a las investigaciones más allá de lo esperado.
En primer término se tiene por comprobada la EXISTENCIA DE LA ASOCIACIÓN ILÍCITA TRIPLE “A”, identificando y procesando al grupo originario al tiempo que se inicia una investigación exhaustiva sobre su extensión.
En segundo término se reconoce la VINCULACION DE LA TRIPLE “A” CON EL ESTADO. Este reconocimiento judicial del componente de dominación política es importantísimo para: a) Calificar la gravedad de los delitos como crímenes de lesa humanidad, en cuyo castigo se involucra la comunidad universal negando toda posibilidad de prescripciones, amnistías, legislaciones, tratados o cualquier otro instrumento que pretenda diluir las responsabilidades. b) El reconocimiento explícito de que los terroristas actuaron con el soporte del Estado, dirige las investigaciones hacia los funcionarios involucrados, que no fueron pocos, c) Se reconoce también la existencia de un verdadero PLAN POLÍTICO como soporte de las operaciones, cuyo objetivo era extender y consolidar a sangre y fuego ciertos espacios de poder, apartando violentamente por medio del terror a quienes se consideraban oponentes, “infiltrados” o “enemigos” y es allí donde, si se corre el telón, aparecen los verdaderos autores intelectuales de los crímenes, a quienes se puede identificar rápidamente porque poseían un denominador común: la matriz ideológica de la Triple “A”.
LA INVERSIÓN DE LOS SUPUESTOS
Desde este ángulo invertido se observa que la perversión y la ambición política fueron la génesis del terrorismo de estado, y no al revés como se pretende presentar.
Existió un PLAN político anterior, para cuyo sostén y como brazo armado se creó la Triple “A”. Ese PLAN tenía actores importantes y objetivos de expansión territorial en todo el país, donde en mayor o menor medida, se cumplían las mismas directivas: enfrentar, avasallar y desestabilizar a los gobiernos provinciales que no se sometían, presionar para ocupar ilegítimamente espacios de poder cada vez mayores que no les eran propios, y a esos fines utilizaban idéntica metodología: grupos de choque, amenazas, macartismo, señalamientos, atentados; una concepción totalitaria, fascista, macartista y violenta, cuya consigna “el mejor enemigo es el enemigo muerto” daba cuenta de la gravedad criminal que tenía el señalamiento de los oponentes a quienes se tildaba de “infiltrados” o “traidores”.
Pese a la extensión territorial de ese PLAN político en todo el país, los grupos de tarea sólo actuaban en lugares circunscriptos donde contaban con mayor cobertura oficial, recursos e impunidad: La Plata, Bahía Blanca, Córdoba, Mar del Plata y el gran Buenos Aires.
LA IMPORTANCIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO
La visión adoptada por los Tribunales actuantes de dar relevancia al contexto político e investigar a la Triple “A” como parte de un PLAN más amplio y SISTEMÁTICO, permitirá juzgar al genocidio como un todo y no a través de acciones individuales, unificando las causas en una sola jurisdicción lo que facilita la acumulación de pruebas de manera que las que corresponden a cada caso también sirven para aportar al conjunto.
Desde esta concepción, los crímenes no se consideran hechos aislados porque innegablemente estaban conectados. Todos los niveles de la asociación ilícita “debían actuar de consuno”, de manera que las operaciones terroristas que se decidían en las jerarquías superiores se cumplían a través de los canales específicos, ...“y para ello debían coordinarse horarios, intervenciones, “acompañamientos” o liberación de zonas, desplazamientos, y contar con gente suficiente para evitar sorpresas, necesitaban los espacios para las ejecuciones, debiendo necesariamente interactuar con las autoridades de otros ámbitos para la coordinación de sus tareas”.
De allí que los hechos cobran relevancia cuando son observados en su conjunto, o sea: “el análisis del contexto donde los componentes políticos obrantes “constituyen la clave interpretativa por excelencia”.
Si no existiera este marco integrador las pruebas aisladas resultarían insuficientes, pero cuando son consideradas y “evaluadas en conjunto con otro material, es factible establecer la presencia de indicios graves, precisos y concordantes, que permitan afirmar la configuración del estado de convicción requerido”.
Este marco conceptual integrador fundado en el reconocimiento judicial de la existencia de una Asociación Ilícita pergeñada desde el Estado y de un PLAN coordinado por el poder político, fortalece el valor probatorio de los elementos parciales existentes, los cuales, integrados y ordenados permiten representar las hipótesis de imputación y hacer efectiva la acción de la Justicia pese al tiempo transcurrido.
También es importante señalar los efectos que tiene en relación a la valoración de las pruebas, el reconocimiento de que la Triple “A” fue concebida desde el Estado, porque es imposible pretender tener pruebas de los crímenes cuando la suma del poder se utilizaba para ocultarlas. El terrorismo de estado es el caso límite donde la política manifiesta su mayor grado de perversión y las víctimas su mayor grado de indefensión.
LAS CONEXIONES POLITICAS
Más allá de los simples verdugos, la JUSTICIA dirige sus miradas hacia arriba, hacia los mentores del PLAN, autores intelectuales y cómplices civiles que hasta el momento, todos sin excepción, tuvieron una vida apacible, pasearon sus rostros aviesos entre la gente, gozaron del reconocimiento público y ocuparon importantes cargos en la democracia, los que aprovecharon para mantener bien cerrado el pasado.
En nuestra Provincia es público y notorio quiénes eran los que se referenciaban directamente con los cabecillas de la Triple “A” y cumplían incondicionalmente la parte que les correspondía en ese PLAN político; y en el mismo sentido se sabe perfectamente quienes integraban grupos de choque; quiénes señalaban públicamente a los supuestos “traidores” y con qué fines lo hacían, quienes amenazaban, quienes conspiraban, desestabilizaban y avasallaban los poderes constituidos, quienes hacían inteligencia e informaban etiquetando como “zurdos”, “infiltrados” o “enemigos” a sus oponentes, quienes prestaban sus instalaciones para los agasajos a Ramón Camps, quienes siguieron colaborando durante la dictadura, etc.
Los familiares de las víctimas que acompañan como querellantes el accionar de la Justicia en la tarea reconstructiva del pasado, al igual que los testigos, periodistas e investigadores, son una importante reserva de la memoria llamados a armar el rompecabezas, a configurar el “pasado urgente”, un contexto histórico acusador que aunque se fue diluyendo tras décadas de impunidad, se volverá a restablecer para permitir que la JUSTICIA pueda cumplir con la acción reparadora de estos crímenes que ofendieron los más elementales derechos inherentes a la condición humana universalmente protegida.
